Por María Sol Borja,
En un país cada vez más acostumbrado al estruendo del crimen —las imágenes de asesinatos, el sonido de las balas, los cuerpos ensangrentados tirados en el piso, el llanto descontrolado de quien ha sido tocado por el crimen— hay otra forma de violencia que no hace ruido. No genera titulares, no abre noticieros, no se convierte en el tema del día en redes sociales, no es tema de discusión. Es una violencia que no se grita, pero que se arrastra como un fardo pesado que trunca proyectos de vida y condena a miles de niños y jóvenes a perpetuar ese círculo del que no pueden salir. Esta violencia se vive con los dientes apretados, con la ropa en una bolsa de supermercado, con la última imagen de aquella casa que se llamaba hogar y de la que urge salir para salvar la vida. Se llama, desde el lenguaje burocrático de los pocos que la nombran, desplazamiento interno forzado. Tres palabras que suenan lejanas, frías y que no alcanzan a evidenciar la magnitud de sus implicaciones, pero que nos dan al menos las cifras: más de 100.000 personas huyeron de sus hogares en 2024 por la escalada de violencia en nuestro país, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Solo Haití y Colombia, nos superan en la región.
