La ley española dirigida a proteger a la infancia y a la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia ha recorrido un largo camino, durante una década, hasta llegar a su destino. El pasado 15 de abril se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su aprobación definitiva, tras pasar por el Senado, probablemente será el próximo mes de junio. Aunque se reformó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia a través de la Ley orgánica 8/2015, de 22 de julio y la ley 26/2015, de 28 de julio, el Comité de Derechos del Niño, tras valorar positivamente esa legislación, hizo una propuesta en 2018. Sugirió avanzar en la elaboración de una ley integral para erradicar la violencia contra la infancia e instó al Estado español a su aprobación para formular una estrategia nacional de prevención e intervención coordinada que garantice el derecho del niño a vivir en entornos libres de violencia, con recursos humanos, técnicos y económicos adecuados.
