El estado de emergencia, que permite tomar decisiones de forma excepcional sin consultar al Parlamento italiano durante seis meses, normalmente utilizado para catástrofes naturales o ante la pandemia COVID-19, no puede ser de ninguna manera una herramienta para abordar la necesaria respuesta humanitaria que requiere la gestión de las migraciones. Alegando que el objetivo sería agilizar el proceso de búsqueda de instalaciones para la acogida de personas migrantes de forma rápida y adecuada ante el flujo migratorio en Italia, sin embargo, la medida indica a su vez, que “será posible aumentar y reforzar las estructuras destinadas a la repatriación de quienes no tienen derecho a permanecer en Italia, reforzando las actividades de identificación y expulsión”.
