Alma DE WALSCHE
15/08/2020

Tras el violento desalojo de los municipios ocupados por los indígenas mapuches, el gobierno chileno ha vuelto a ser criticado duramente. Desde la Revolución de Octubre del año pasado, la lucha mapuche ha simbolizado un contra-movimiento después de una política de exclusión, racismo e intolerancia que ha durado décadas. Sin embargo, ni siquiera los mapuches quedan impunes. Los hechos datan de principios de agosto y tuvieron lugar en La Araucanía, la IX Región, a unos setecientos kilómetros al sur de la capital, Santiago. En cinco municipios -Curacautín, Traiguén, Victoria, Ercilla y Collipulli- decenas de mapuches han ocupado el municipio desde finales de julio. Esta acción se realizó como solidaridad con los mapuches encarcelados – «presos políticos», según los activistas-, que llevaban tres meses en huelga de hambre para llamar la atención sobre sus reivindicaciones nunca escuchadas. El Ministro del Interior, Víctor Pérez, fue allá pero se negó a hablar con los ocupantes. Niega rotundamente que haya prisioneros políticos entre los mapuches encarcelados. Según Pérez, esto es un conflicto de grupos criminales bien organizados, con un plan claro. Ordenó a los alcaldes que evacuaran las ocupaciones. Después de esa decisión, el movimiento civil APRA, que significa Asociación por la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, tomó la ley en sus propias manos. A pesar del toque de queda, que fue declarado a raíz de la pandemia COVID-19, lanzó un llamamiento para el uso de palos y piedras para expulsar a los mapuches. Esto sucedió en la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, mientras los policías vigilaban pero sin intentos serios de evitar la violencia. Se incendiaron varios camiones y dos municipios y se detuvo a unos cuarenta mapuches. El conflicto continuó ardiendo la semana pasada, y una decena de mapuches incendiaron una serie de camiones y máquinas. Leer el articulo publicado en el sitio Pressenza